NO A LA LEY ANTITERRORISTA DE KIRCHNER Y BUSH

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2007
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) rechaza la inminente sanción de una ley antiterrorista exigida desde hace años por Bush, la Junta Interamericana de Defensa (JID), la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE) dependiente de la OEA, la Embajada de Israel y la dirección de DAIA/AMIA.
No es la primera vez que el gobierno Kirchner intenta aprobarla. En el año 2004 presentó un borrador del proyecto de “Ley de Represión de Actividades Terroristas y su Financiación” que elaboraron el entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Béliz y su Secretario, Pablo Lanusse, como parte de un paquete de medidas integrado, además, por un decreto en el cual se incorporaba a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad interior.
Más tarde, Kirchner impulsó el proyecto de ley antiterrorista firmado por el Senador del PJ Pichetto, proyecto que tampoco pudo ser aprobado en medio de las críticas de distintos organismos de derechos humanos.
Al igual que entonces, el actual proyecto de ley antiterrorista es producto del alineamiento del gobierno de Kirchner con las políticas de Bush, Blair y Olmert de guerra contra el “Eje del Mal”. Así lo reconocieron el Secretario de Justicia de los Estados Unidos -A. Gonzales- y Nicholas Burns, el tercer hombre en la línea de mando del Departamento de Estado tras su reciente visita a la Argentina, cuando afirmaron que vinieron a “coordinar una agenda en común con la Argentina” (La Nación 06-02-07) y que “el eje mayor para la administración de Bush es Irak, Irán y, en términos más amplios, su ‘lucha global contra el terror’" (La Nación, 10-02-07). “Este tema es el asunto más importante para EE. UU. a nivel global”, confesó Burns (Clarín 14-02-07)
En esta oportunidad, el texto de la ley cuenta con apoyos internos invalorables de organismos de derechos humanos (Madres, CELS), de partidos políticos, la Iglesia y la AMIA/DAIA.
Esta ley es la demostración concreta de que Kirchner ya aceptó la invitación que Bush y las grandes potencias (miembros del G8) le hicieron para integrar la llamada “Iniciativa Global Para Combatir el Terrorismo Nuclear” que imputan a Irán. Por ello “Burns le había agradecido al gobierno de Kirchner el rol líder que viene teniendo en la región en la lucha contra la proliferación nuclear”. (Clarín, 14-02-07).
En sus considerandos (Pág. 3), el gobierno confiesa que “Nuestro país trabaja para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurídico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional” que no son otras que aquéllas que permiten a nivel internacional la violación de los derechos que dicen venir a defender y que legalizan la tortura, mantienen a los detenidos sin derecho a juicio en Guantánamo y Abu Ghraib, terminan con el derecho de asilo por razones políticas y encubren a los secuestradores y a los vuelos clandestinos de la CIA en Europa. Son las recomendaciones de quienes impulsaron la invasión de Irak y ahora planean un posible ataque a Irán.
La futura ley tiene por objeto un ataque indisimulado a las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas, justificándose en supuestas “normas internacionales” que buscarían prohibir el financiamiento de aquellas organizaciones que desafían las políticas del Estado nacional y/o sus socios internacionales, presentándolas como “terroristas”. Rechazamos por infame el hecho que el gobierno Kirchner siga manipulando el no esclarecimiento del atentado a la AMIA para justificar la sanción de semejante ley. La pretensión gubernamental de “colgarle” al ataque a la AMIA el cartel de “terrorismo internacional” poniendo al Estado argentino como víctima, no resiste el menor análisis. Fue el mismo Estado nacional quien reconoció en un Decreto público (812/2005) ser el encubridor agravado de este ataque terrorista.
Desde APEMIA venimos sosteniendo que toda la evidencia indica que el ataque terrorista a la AMIA fue un acto de “terrorismo de Estado” del Estado argentino, que el Estado manejaba integradamente la información propia e internacional que le indicaba la inminencia de ese ataque, que contribuyó para el mismo con sus fuerzas de seguridad y que puso la fuerza de sus tres poderes, de manera coordinada, para encubrirlo.
En el país de los 30.000 desaparecidos y del terrorismo de Estado ejecutado bajo la dictadura o bajo gobiernos democráticos, de los recientemente desaparecidos Jorge J. López y Gerez, de la maldita bonaerense de Etchecolatz y de Ribelli y del “gatillo fácil”, mientras el gobierno Kirchner mantiene el indulto y la impunidad para los genocidas y cuando el Estado ya se declaró responsable de encubrimiento agravado del ataque a la AMIA y resulta evidente su responsabilidad en el ataque a Río III, la ley “antiterrorista” no viene a esclarecer ninguno de estos crímenes ni a imputar a sus responsables, quienes siguen gozando de libertad gracias a la política de este mismo gobierno.
Peor aún: Kirchner quiere votar un texto que define como “terrorista” -y por lo tanto, fuera de la ley- a aquellos que “mediante la comisión de delitos”, que no precisa cuáles son, tienen el propósito de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (Considerandos de la Ley, pág. 7). La especificidad de esta asociación ilícita es de un tipo diferente de aquella otra que conocimos en los ’70. No es necesario que manifieste una conducta armada (militar). Basta con “estar orientado su plan de acción a la propagación de odio étnico, religioso o político” o “estar organizadas en redes internacionales”. (Idem, pág.7)
Mientras están frescas en la memoria colectiva y aún se discuten las responsabilidades del gobierno de Perón e Isabel o de la dictadura militar en los crímenes del terrorismo de Estado, Kirchner quiere imponer una ley que, con la premisa de combatir “cualquier” terrorismo, pone en un pie de igualdad los crímenes del terrorismo cometidos por el Estado con la acción política que pueda oponerle una organización política que ellos -ley mediante- calificarían de terrorista. Es más: el combate contra los terroristas se presenta como si se tratara de un problema de control de actividades “financieras”, ya que faculta la sanción penal al que financia con independencia de que su financiado (la asociación ilícita terrorista o cualquiera de sus miembros) cometa o no el acto delictivo motivo de su financiamiento (Cf. Considerandos de la Ley, pág. 4).
La nueva figura jurídica tiene una definición tan amplia que podría sancionar desde el accionar de organizaciones políticas y sociales contrarias a la política oficial (Ejemplo: Asamblea de Gualeguaychú, organizaciones de desocupados, piqueteros, etc.), pasando por organizaciones armadas como aquellas de los ’70, hasta imputar “suicidas” en Medio Oriente. La amplitud e indefinición de la esencia de lo que se busca sancionar atenta contra la constitucionalidad y la lógica y el espíritu del Código Penal vigente.
Desde APEMIA hacemos un llamamiento a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, de trabajadores ocupados y desocupados, a repudiar y a impedir la sanción de cualquier ley antiterrorista, cuyo objeto principal es la represión de las luchas populares al servicio de la “armonización jurídica e institucional… para dar satisfacción a las obligaciones internacionales asumidas” (Idem, pág. 4).

¡¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!!

¡¡No en nombre del ataque a la AMIA, perpetrado y encubierto por el Estado argentino con la complicidad de los mismos socios internacionales que hoy exigen la sanción de esta ley!!!
¡¡Apertura inmediata de los archivos secretos en los cuales se ocultan las responsabilidades políticas de los crímenes perpetrados por el Estado argentino!!!

apemia2002@yahoo.com.ar