Pidió "tachar" toda referencia a su responsabilidad -asumida en 2005 por decreto- en una demanda civil. La Cámara de Apelaciones se lo negó.
La Agencia de Noticias DyN informó el pasado 26/12/08 que un fallo de la Cámara de Apelaciones había reconocido “tácitamente” la denuncia que, desde APEMIA, venimos sosteniendo hace años: el Estado argentino es el principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina. La noticia llegó a todas las redacciones y medios de opinión. El diario Perfil solicitó esta nota editorial, que junto al cable de DyN ponemos en su conocimiento.
Por Laura Ginsberg
El fallo de la Cámara de Apelaciones que reconoció que el Estado nacional es el principal encubridor del mayor atentado terrorista cometido en nuestro país merece algunos comentarios.
Por un lado, los jueces se negaron a convalidar los pedidos del Ministerio de Justicia. En particular, aquellos más brutales como su
exigencia de eliminar cualquier referencia a la responsabilidad encubridora que el mismo Estado ya había reconocido en el Decreto 812/2005, hace más de 3 años. Los representantes de Justicia ni siquiera estaban dispuestos a reconocer los daños psicológicos que el atentado provocó en mis hijos menores de edad.
Por otra parte, este reconocimiento judicial de las responsabilidades del Estado aparece como contradictorio y hasta opuesto al despliegue de trámites que por estos días hacen el fiscal Nisman y el juez Canicoba Corral que, en nombre de una supuesta reparación integral de las víctimas, buscan aumentar el embargo preventivo
sobre los bienes de remotos funcionarios iraníes. El mismo día que la Cámara firmó este fallo -el 23 de octubre-, el fiscal se puso a buscar un millón de dólares en cuentas extranjeras. Ahora que se da a conocer este fallo, el juez actualizó la cifra a 540 millones.
Entonces, ¿Nisman ahora va a trabar embargo sobre los bienes del Estado nacional?El Gobierno que se propuso terminar con la ‘vergüenza nacional’ del pasado menemista y renovar la justicia,
recurre ahora al chicaneo judicial. Después de haber hecho público el reconocimiento de responsabilidades y de pretender ser aplaudido por ello, busca ahora
censurar la acusación y niega las pruebas del encubrimiento para no reparar a las víctimas.
En alguna medida se trata de un primer round donde
el Gobierno mostró sus reales intenciones: limitar no sólo la indemnización que corresponde para los familiares que le iniciaron juicio hace 12 años y para todas las victimas del atentado sino, sobre todo,
limitar las consecuencias políticas de su reconocimiento como encubridor.
En este sentido, le toca ahora a la Corte Suprema superar un planteo similar que vienen exigiendo la DAIA/AMIA y el Estado de Israel, para también “tachar” los dichos del fallo del juicio oral, que responsabilizó a “oscuros intereses del Estado” por la impunidad reinante en el caso AMIA, y así desviar cualquier responsabilidad del Estado argentino hacia la responsabilidad del ´terrorismo internacional´ representado por Irán.
¿Habrá algún fiscal capaz de asociar la ya reconocida responsabilidad encubridora del Estado con la responsabilidad criminal que le podría caber por este ataque terrorista de Estado bajo un régimen democrático?
Mientras se procesa este debate y para prevenir sus futuras consecuencias, la publicidad del fallo nos hace aparecer como receptores de una indemnización o beneficiarios de una pensión especial. Lo cierto es que
el Gobierno no indemnizó a ninguna víctima y después de 15 años se propone seguir amparándose en las vías jurídicas para no hacerlo. Será la misma Corte Suprema la que decida si una indemnización de carácter alimentario puede ser pagada como se pretende con
bonos defaulteados a más de 10 años de plazo.
Recientemente el Senado fracasó al intentar una solución de este tipo, vía un proyecto de Ley de Reparación que decía igualar a las victimas de AMIA con las del Terrorismo de Estado de la dictadura militar. Los bonos tienen un valor irrisorio, lo que constituye exclusivamente un negocio para los bancos en nombre de la reparación a las víctimas. Paradójicamente, a pesar de reconocer el encubrimiento del Estado,
el fallo de la Cámara no se opone a estos manejos ajenos a cualquier reparación.
(*) Titular de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). Nota de Opinión solicitada por
Perfil.com FALLO RECONOCE TACITAMENTE AL ESTADO ARGENTINO COMO "PRINCIPAL ENCUBRIDOR" DEL ATENTADO CONTRA LA AMIA
BUENOS AIRES, dic 26 (DyN) – La Cámara en lo Contencioso Administrativo reconoció, tácitamente, que el Estado Argentino fue el "principal encubridor" del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el pedido del Estado Nacional para "tachar" en un reclamo civil por una de las 85 víctimas mortales del ataque terrorista la calificación de "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".
"Con respecto al planteo del Estado Nacional de que se manden tachar las alegaciones de la actora efectuadas en el escrito de expresión de agravios, que ubican a su parte como 'principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina', si bien los dichos vertidos en la apelación pueden resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar ello", sostiene el fallo.
Por ello, "no corresponde hacer lugar al planteo formulado", puntualizaron los jueces Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco.
Los camaristas recordaron que "el Estado Nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".
El pronunciamiento está contenido en un fallo conocido hoy, en el que la Cámara reconoció la indemnización económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos, por la muerte en el atentado de su marido, José Enrique "Kuki" Ginsberg.
Ginsberg se desempeñaba como Director del Sector Sepelios y Cementerios de la AMIA, tenía 43 años de edad al momento del atentado y su muerte dejó huérfanos a dos niños de 12 años y 18 meses de vida.
El resarcimiento procura mantener el nivel de vida que desarrollaba la familia previo al ataque, que incluía cobertura de medicina prepaga, asociación a un club, colegio privado para los niños y vacaciones en la Costa Atlántica argentina.
El fallo rechazó un planteo del Estado para que la pensión que la viuda percibe por la muerte de su marido sea considerada parte del resarcimiento económico por el ataque.