La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), repudia los objetivos de la nueva visita del Comité Judío Americano (AJC sus siglas en inglés) a Buenos Aires y denuncia que esta organización viene a impulsar -en nombre del supuesto esclarecimiento del atentado a la AMIA- un nuevo alineamiento de América Latina para con las políticas del Departamento de Estado y la implementación de una nueva legislación nacional antiterrorista.
Resulta significativo que sus dirigentes -viejos socios políticos del Estado nacional- aseguren que “no vienen a reclamar ni a quejarse”, cuando todas las promesas que hicieron los Kirchner de esclarecer el atentado cayeron en saco roto y cuando el gobierno se muestra incapaz de sancionar a los responsables del encubrimiento que el mismo Estado reconoció por Decreto.
Cabe recordar que este grupo de lobistas acompañó repetidamente las sanciones diplomáticas y financieras que el Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Irán; los reiterados fracasos de la política de sanciones facilitaron el incremento de los vínculos comerciales de Irán con Europa, Estados Unidos, América Latina y hasta con Argentina.
Es el mismo grupo que hasta hoy promueve la frustrada acusación del Estado argentino contra Irán por sus responsabilidades en la comisión del atentado, acusación que ya no sirve ni para impulsar un ataque de las grandes potencias contra Irán, ni para esclarecer el crimen de la AMIA, ni para proteger al Estado argentino de toda la evidencia que lo incrimina como verdadera ‘conexión local’ del atentado.
El AJC no viene a reclamar ni a quejarse, dice. ¿A qué viene entonces?
Los dirigentes del AJC hablan de AMIA para mostrar su real interés por otros temas.
Dicen estar preocupados por la estabilidad de los regímenes latinoamericanos ante el posible rol “revolucionario” (sic) derivado de sus vínculos comerciales con Irán, buscando armar con Cristina Kirchner un bloqueo de esos vínculos y un nuevo alineamiento con las políticas del Departamento de Estado.
Otro tema que los trae, y que todas las bancadas del Senado escucharon sin chistar, propone “comenzar por una legislación antiterrorista doméstica en cada país…” lo que de aprobarse convertiría al Estado argentino en defensor “post mortem” de las políticas de Bush y del Estado de Israel, justo cuando cambian sus gobiernos y se discute el fracaso de sus políticas.
La futura ley tiene por objeto un ataque indisimulado a las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas, justificándose en supuestas "normas internacionales" que buscarían prohibir el financiamiento de aquellas organizaciones que desafían las políticas del Estado nacional y/o sus socios internacionales, presentándolas como "terroristas".
Este tipo de leyes ya fue denunciado como un cercenamiento de las libertades públicas. Hasta el Parlamento de Europa tuvo que reconocer que, después de aprobar legislación antiterrorista como la aquí propuesta, hubo una verdadera conspiración de todos los gobiernos democráticos para ocultar que las acciones ilegales del “terrorismo de Estado” de la CIA tenían la complicidad de los Estados europeos. Al amparo de esta legislación, los Estados Unidos y Europa recrearon la Operación Cóndor de Videla y Pinochet.
Este es el marco propuesto por el AJC para su promesa de no reclamar por “asignaturas pendientes en el caso AMIA”. El Comité Judío Americano no tiene una política para su esclarecimiento, sino para fortalecer las maniobras políticas para evitarlo.
Resulta significativo que sus dirigentes -viejos socios políticos del Estado nacional- aseguren que “no vienen a reclamar ni a quejarse”, cuando todas las promesas que hicieron los Kirchner de esclarecer el atentado cayeron en saco roto y cuando el gobierno se muestra incapaz de sancionar a los responsables del encubrimiento que el mismo Estado reconoció por Decreto.
Cabe recordar que este grupo de lobistas acompañó repetidamente las sanciones diplomáticas y financieras que el Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Irán; los reiterados fracasos de la política de sanciones facilitaron el incremento de los vínculos comerciales de Irán con Europa, Estados Unidos, América Latina y hasta con Argentina.
Es el mismo grupo que hasta hoy promueve la frustrada acusación del Estado argentino contra Irán por sus responsabilidades en la comisión del atentado, acusación que ya no sirve ni para impulsar un ataque de las grandes potencias contra Irán, ni para esclarecer el crimen de la AMIA, ni para proteger al Estado argentino de toda la evidencia que lo incrimina como verdadera ‘conexión local’ del atentado.
El AJC no viene a reclamar ni a quejarse, dice. ¿A qué viene entonces?
Los dirigentes del AJC hablan de AMIA para mostrar su real interés por otros temas.
Dicen estar preocupados por la estabilidad de los regímenes latinoamericanos ante el posible rol “revolucionario” (sic) derivado de sus vínculos comerciales con Irán, buscando armar con Cristina Kirchner un bloqueo de esos vínculos y un nuevo alineamiento con las políticas del Departamento de Estado.
Otro tema que los trae, y que todas las bancadas del Senado escucharon sin chistar, propone “comenzar por una legislación antiterrorista doméstica en cada país…” lo que de aprobarse convertiría al Estado argentino en defensor “post mortem” de las políticas de Bush y del Estado de Israel, justo cuando cambian sus gobiernos y se discute el fracaso de sus políticas.
La futura ley tiene por objeto un ataque indisimulado a las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas, justificándose en supuestas "normas internacionales" que buscarían prohibir el financiamiento de aquellas organizaciones que desafían las políticas del Estado nacional y/o sus socios internacionales, presentándolas como "terroristas".
Este tipo de leyes ya fue denunciado como un cercenamiento de las libertades públicas. Hasta el Parlamento de Europa tuvo que reconocer que, después de aprobar legislación antiterrorista como la aquí propuesta, hubo una verdadera conspiración de todos los gobiernos democráticos para ocultar que las acciones ilegales del “terrorismo de Estado” de la CIA tenían la complicidad de los Estados europeos. Al amparo de esta legislación, los Estados Unidos y Europa recrearon la Operación Cóndor de Videla y Pinochet.
Este es el marco propuesto por el AJC para su promesa de no reclamar por “asignaturas pendientes en el caso AMIA”. El Comité Judío Americano no tiene una política para su esclarecimiento, sino para fortalecer las maniobras políticas para evitarlo.
Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008