En vísperas de una nueva reunión entre Argentina e Irán en Ginebra, los hechos ocurridos durante estos últimos días han puesto de relieve la crisis al interior del gobierno nacional y con sus aliados locales en torno al tema de la ley del Memorando.
Por un lado, Nisman y las direcciones de AMIA y DAIA rechazan el acuerdo internacional con Irán y persisten en una acusación contra el “Eje del Mal” mientras niegan cualquier investigación de las responsabilidades locales en la criminalidad y el encubrimiento del crimen de la AMIA.
Por otro lado, Timerman y Cristina Kirchner pidieron a las grandes potencias su intervención para que el atentado contra la AMIA sea incluido en el diálogo con Irán. Lo hicieron después de haber prometido que el tema AMIA no sería una “pieza de ajedrez del tablero geopolítico de las grandes potencias”.
Y aunque estos países ni siquiera se sintieron aludidos, la solicitud es una demostración de cómo el gobierno nacional sabe de la poca efectividad de su propio Memorando para forzar un reconocimiento de responsabilidades ajenas.
El mismo fiscal que en el mes de abril aseguró que viajaría a Irán ahora cambió de posición, se metió sin ser llamado en un expediente que le es ajeno y presentó un dictamen pidiendo la inconstitucionalidad del acuerdo. Junto con AMIA/DAIA, hasta ayer aliados indiscutidos de la política de los Kirchner, hoy pretenden bloquearlo advirtiendo que llegarían hasta la Corte Suprema.
En medio de estos enfrentamientos, el Ministro de Justicia sostuvo que Nisman es un “obstáculo” y hasta llegó a dudar de la existencia de las pruebas en poder del fiscal. Todavía no se reunieron en Ginebra y Alak duda de las pruebas. ¿En qué acusación quiere avanzar el gobierno?
Para colmo el gobierno tampoco avanza en aquéllo que sólo depende de él: poner en el banquillo a los pocos procesados locales por “encubrimiento”. Mientras el gobierno protege a Menem y se niega a quitarle los fueros en el Senado, el gobernador kirchnerista de La Rioja aseguró que Menem es un “perseguido político”. Ni qué decir que ni siquiera existen jueces para constituir el TOF N° 2 que debiera enjuiciarlo.
Estas divisiones al interior del gobierno y con sus aliados AMIA/DAIA acerca de cómo continuar con las maniobras de una supuesta investigación internacional del atentado, se reflejan también en los distintos grupos de familiares de las víctimas. Unos y otros colaboraron en ocultar una década de impunidad, parálisis y abandono de la búsqueda de los responsables locales, verdaderos autores del ataque terrorista, mientras se entretienen en conspiraciones internacionales para poner las responsabilidades criminales a 20.000 km de distancia.
Los voceros del gobierno (Burstein y cía.) justifican hoy su apoyo al Memorando como hasta ayer al fiscal Nisman sin sonrojarse. Antes cumplieron el mismo papel de sostén de sus otros mandantes: el gobierno Menem y Galeano, Beraja o DAIA/AMIA.
Memoria Activa, a su turno, aún dice apoyar el Memorando aunque ahora lo considera imperfecto (sic) y desconfía del valor de las pruebas.
Apenas nueve meses después de votar la ley del Memorando, el panorama muestra el agotamiento de diez años de la política que el gobierno implementó en torno a la masacre impune de la AMIA. Una política sostenida en una sucesión de maniobras para eludir las responsabilidades criminales y encubridoras del aparato del Estado argentino al mismo tiempo que pretendió servir a las necesidades de las grandes potencias e Israel contra Irán. Las consecuencias están a la vista: el gobierno está dividido, enfrentado con sus aliados y no puede resolver cómo seguir sin la cooperación de Irán.
Ya sea por la vía jurídica de la constitucionalidad del Memorando o por las negociaciones secretas entre Argentina e Irán, el Estado argentino no traerá ni verdad ni justicia sino más impunidad.
¿Por qué? Porque aún si la Corte Suprema se expidiera con rapidez y reconociera –como se espera- el derecho del Poder Ejecutivo para dirigir las relaciones internacionales, no está en discusión la verdad o falsedad de acusación alguna.
Por otro lado, tal como lo establece el Memorando, la “Comisión de la Verdad” ni siquiera va a establecer la “verdad” sobre la acusación o la eventual responsabilidad de una conexión internacional. Su función es determinar si las pruebas que se presentan son suficientes para sostener una acusación como la actual, basada en informes de servicios de inteligencia extranjeros que encubrieron al Estado argentino.
Por todo esto la ley del Memorando es un chasco. No va a ningún otro lado que a una nueva frustración. Después de 20 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA vuelve a quedar demostrado que el Estado argentino no puede esclarecer ni ofrecer verdad y justicia porque organizó el encubrimiento y la impunidad, para lo cual contó con la complicidad de las direcciones de la comunidad judía local, de las grandes potencias e Israel. Todos ellos son actores en las negociaciones de Ginebra.
Ante esta situación de crisis interna y en las relaciones internacionales respecto del tema AMIA, hace falta formular una política diferente.
¿Qué proponemos? Una opción que está en las antípodas de la manipulación gubernamental a la que pretenden acostumbrarnos. Una posibilidad que no se intentó hasta ahora y sigue siendo negada por el gobierno y sus aliados.
Se trata de la conformación de una comisión que investigue la verdad incuestionable de las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado nacional y sus socios. Sin duda, nada más alejado de la Comisión de la Verdad trucha que el gobierno aspira a inventar en Teherán. Y para que esta Comisión Investigadora Independiente pueda cumplir con el objetivo de esclarecer el atentado es indispensable la apertura inmediata de los archivos secretos en poder del Estado.
Hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas, estudiantiles y de derechos humanos para debatir y desarrollar esta propuesta. Y lo hacemos extensivo a los diputados y senadores. No se puede seguir ocultando los hechos: hay que abrir los archivos secretos! Un trabajo investigativo serio con los archivos secretos en manos de una Comisión Investigadora Independiente es la alternativa viable para superar dos décadas de impunidad y encubrimiento. Así podremos impulsar una acción penal legítima para lograr la condena a todos los culpables. Es hora de poner manos a la obra.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013
APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
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