En
el día de hoy, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto
395/2015 referido a una nueva “desclasificación de documentación” de la causa
AMIA.
Lo
hace “en relación a la Causa Nº 8566” exclusivamente. Es aquella que tramita el
juez Canicoba Corral y donde, supuestamente, se investiga el atentado a la sede
de la AMIA.
En
sus considerandos se expresa que ésto se hace a solicitud de los nuevos
fiscales de la UFI AMIA “a fin de garantizar el pleno acceso de las partes a
dicha documental”. Los fiscales también pidieron saber si en poder de la nueva
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hay documentación adicional de aquella otra
que le fuera remitida “en custodia” hace ya 10 años, y que hasta hoy no fuera
entregada a esa Fiscalía ni al juzgado.
En
su art. 3º, el gobierno dispuso desclasificar
“toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido
aportados…” en los últimos 10 años. Pero a
renglón seguido pone en duda lo anterior y ordena que sólo se haga en caso “de
existir” esa documentación (Art. 4º y 5º del Decreto).
El
Jefe del Gabinete y firmante del Decreto, Aníbal Fernández, declaró que lo
único que faltaba era “hacer público” la supuesta desclasificación de los
archivos, admitiendo que los archivos secretos del atentado a la AMIA están
cerrados pese a sus recientes afirmaciones en contrario. El decreto, el décimo de la serie de los decretos que dicen
‘desclasificar’ lo que aún así no se hace público, abunda en el manipuleo y la
confusión.
Es apenas un remedo para superar formalmente el hecho que ni los Fiscales ni los Jueces tuvieron acceso a esos papeles durante los últimos 10 años de supuestas desclasificaciones.
Es apenas un remedo para superar formalmente el hecho que ni los Fiscales ni los Jueces tuvieron acceso a esos papeles durante los últimos 10 años de supuestas desclasificaciones.
“Veremos si muestran algo... Pero no dijeron nada de
los archivos secretos vinculados a la causa Nº 9.789 por irregularidades y
encubrimiento, cuyo juicio la Presidenta quiere iniciar este año. En este caso los
archivos secretos siguen cerrados a las partes y jueces desde el año 1999, como
mínimo” dijo Laura Ginsberg.
Mientras tanto, desde el gobierno y desde las filas
de Macri y Massa se niegan a debatir el tratamiento del Proyecto de Ley presentado
por APEMIA e impulsado por diputados y senadores de diferentes bancas, para
conformar una Comisión Investigadora Independiente en el marco del Congreso
Nacional y poner los archivos secretos sobre la mesa y a disposición de esa
Comisión Investigadora integrada por personalidades destacadas del país. Ese es
el camino para superar el encubrimiento y la impunidad.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2015
14:30 hs