UN FRENO AL AVANCE DEL GOBIERNO
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2017
La Sala I de la Cámara Federal rechazó nuestro pedido para declarar inconstitucional el Decreto 229/17. Es el decreto que hace 7 meses facilitó el control de los archivos secretos del atentado a la AMIA a una dependencia del Poder Ejecutivo –la Unidad Especial de Investigaciones AMIA (UEI) del Ministerio de Justicia- reemplazando a los fiscales en el manejo de esas pruebas.
Nuestro planteo de inconstitucionalidad, acompañado por los familiares de la Asociación 18J, de Memoria Activa y la Comisión Provincial por la Memoria (dirigida por Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil) y hasta por los Fiscales, fue objetado por los camaristas con argumentos formales y contradictorios.
Por un lado, afirman que “a la ley no hay nada que reprocharle”, mientras reconocen que “los hechos no han sido consecuentes con esa realidad”. O sea consideran que el Decreto es constitucional pero su interpretación y la aplicación que hizo el Poder Ejecutivo no lo son. Critican “el avance indebido de la UEI” que dirige Cimadevilla y “su intromisión” en la investigación que está a cargo del Ministerio Público Fiscal.
En su esfuerzo por satisfacer tanto al gobierno como a las partes denunciantes, los jueces le atribuyen al Decreto un espíritu opuesto a los hechos que ellos mismos critican. Y antes de poner un límite concreto a la acción del gobierno, le hacen toda una concesión intelectual y prejuzgan al elogiar su supuesta buena fe y disposición para avanzar en el esclarecimiento del atentado: “…las intenciones del Estado al momento del dictado del decreto … no hacen más que evidenciar la preocupación y los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo Nacional, en procura de brindar acciones concretas y efectivas para lograr el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquel 18 de julio de 1994”.
Todo este esfuerzo para volver a establecer aquello que se sabe desde siempre: los fiscales son los responsables por el manejo de las pruebas mientras la ex SIDE y la UEI debieran ser los auxiliares de la justicia. Esto fue así hasta la firma del 229, momento a partir del cual dejó de serlo, justamente porque empoderó a la UEI para re-apropiarse y controlar esos archivos, apartando a los fiscales de su función.
Con estos argumentos y concesiones, los jueces muestran las limitaciones del Poder Judicial para enfrentar la política oficial que refuerza 23 años de encubrimiento y que, en nombre de la “desclasificación”, agrega otros 7 meses en el ocultamiento de los archivos y aún no puede dar cuenta de los proyectos de privatización.
Con sus limitaciones, el fallo de Cámara implica un freno a las intenciones de la UEI (Cimadevilla) y del Ministerio de Modernización para tomar por asalto los archivos y concretar el negocio de su privatización y entrega a empresas dependientes y vinculadas a la Agencia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a la CIA y el Mossad, que venimos denunciando.
El fallo implica un desafío para los Fiscales que, desde el comienzo, trataron de adaptarse a la presión del Poder Ejecutivo, no enfrentaron el Decreto ni establecieron alguna línea de investigación nueva con base en toda la evidencia recogida en esos archivos, para estudiar la responsabilidad criminal del Estado argentino en la comisión del atentado y su encubrimiento.
La situación de la UFI AMIA es de una gran inestabilidad: algunos fiscales abandonarán la Unidad ni bien finalice el juicio por encubrimiento para el cual fueron convocados hace dos años, y la continuidad del trabajo del GERAD pende de un hilo.
Con la decisión de los jueces de Cámara será responsabilidad de los fiscales de la UFI AMIA volver a la situación de trabajo previa a la firma del Decreto 229, con los archivos bajo su exclusivo control y la AFI legitimando su origen.
Por todo ésto, por haber declarado constitucional el Decreto 229, los archivos siguen en peligro. Con nuestra intervención, impedimos un avance brutal del gobierno sobre el control de la documentación secreta y el acceso a ella. Sin embargo, como el Decreto 229 seguirá vigente, alertamos por las presiones del Poder Ejecutivo para obstaculizar el trabajo con los archivos, volver a intentar su privatización y mantener el secreto de Estado sobre sus contenidos.
Exigimos la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente.
