NETANYAHU Y MACRI REFUERZAN EL ENCUBRIMIENTO Y LA IMPUNIDAD DEL ATENTADO A LA AMIA

Buenos Aires, 09 de setiembre de 2017.-


APEMIA repudia la llegada de Benjamín Netanyahu a nuestro país. 
El Primer Ministro de Israel representa la política genocida de su país, la discriminación y opresión del pueblo Palestino, la ocupación de su territorio y la violación sistemática de sus derechos políticos y sociales, motivos más que suficientes para tener bien ganado el repudio nacional e internacional a su gobierno.

Más recientemente, Netanyahu se ha revelado como un firme defensor de las políticas fascistas y antijudías en Estados Unidos y en Europa. Por su defensa de los gobiernos de Trump y de Hungría, fue repudiado por las organizaciones judías que tradicionalmente apoyan al Estado de Israel. 

Su viaje no es una promesa de relaciones que beneficien a ambos pueblos, como prometen los dirigentes de DAIA y AMIA y los intelectuales vinculados a ellos que saludan su visita. 


Al contrario, oculta que el vínculo con Argentina está precedido y fundado por la complicidad del Estado de Israel con el Estado nacional en la violación de los derechos humanos y el encubrimiento de los atentados en Argentina. El gobierno israelí protege a Teodoro Gauto, el criminal y genocida argentino que vive allí protegido por sus gobiernos desde hace muchos años, mientras tiene pedido de captura de la justicia argentina y es requerido por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos de nuestro país, que exigen la extradición del genocida por su actividad en los campos de concentración durante la dictadura argentina.


Con estos antecedentes, la Cancillería israelí presentó el viaje de Netanyahu por Latinoamérica como destinado a reforzar las políticas del Estado de Israel. "Promovemos dos fortalezas, que en conjunto traen una tercera: la económica-tecnológica nos permite impulsar la de inteligencia militar y la combinación de ambas provee poderío político", sintetizó Netanyahu.

En este contexto y a pocas horas de su llegada, el propósito concreto de su visita se mantiene oculto, toda vez que no tiene sentido venir a firmar convenios que ya están en marcha o incluso han finalizado, y que parecen referirse sólo a la venta de tecnología para seguridad, defensa y desarrollo agrario.

El gobierno de Macri prepara la llegada de Netanyahu en medio de una campaña de prensa para imputar a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber establecido un acuerdo político con Irán promovido por el gobierno de Obama, acuerdo que por entonces era negociado con el apoyo de la AMIA/DAIA, del fallecido fiscal Nisman y del gobierno de Israel. 

Macri tiene sus propios acuerdos con Israel y Estados de la OTAN que explican su común intención de privatizar los archivos secretos del atentado a la AMIA a manos de Palantir, una empresa de espionaje de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) norteamericana asociada al Mossad de Israel. 
Poner en manos de potencias extranjeras los archivos secretos del atentado a la AMIA –que hasta hoy están protegidos como secretos del Estado nacional- y promover la sanción de una ley de “Juicio en Ausencia” contra Irán, son objetivos declarados por el gobierno de Macri. Para ello son necesarios el Decreto 229/17 y el proyecto que impulsa con el PJ y los partidos oficialistas en el Senado. 

Ésto es lo que permanece oculto con la firma de acuerdos en materia de seguridad y tecnología entre ambos países, y el pretexto de la transferencia electrónica a Israel de archivos vinculados con… el holocausto. 

En la reunión entre ambos mandatarios y bajo la presión del lobby local de AMIA/DAIA y sectores de la AFI, Macri deberá resolver si viola toda la legislación argentina y entrega la causa AMIA y sus archivos al servicio de los negocios y las necesidades políticas internacionales de Netanyahu y Trump, o deroga el Decreto 229/17, abre los archivos secretos y facilita el debate parlamentario para crear una Comisión Investigadora Independiente.

El próximo martes 12, mientras Netanyahu y Macri se reúnan para sellar estos acuerdos que refuerzan el encubrimiento y la impunidad, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal nos recibirán en una audiencia pública junto a las organizaciones de familiares de las víctimas y los Fiscales, acompañados por la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, personalidades públicas y diputados nacionales. 

Allí vamos a exponer nuestros planteos por la inconstitucionalidad del Decreto 229/17, defenderemos nuestro derecho a conocer la verdad, acceder a los archivos aún secretos que son prueba judicial, y enfrentaremos al Ministerio de Justicia y al Gobierno que busca someter por decreto a jueces, fiscales y querellantes a sus dictados, con el viejo cuento de “avanzar en la investigación”.

La visita de Netanyahu y sus acuerdos con Macri harán más profunda la grieta del encubrimiento y la impunidad del atentado a la AMIA. 

CAUSA AMIA - EL GOBIERNO NACIONAL PROMUEVE LA PRIVATIZACION DE LOS ARCHIVOS SECRETOS

Buenos Aires, 03 de setiembre de 2017

El próximo miércoles 6 de setiembre realizaremos una conferencia de prensa donde denunciaremos la iniciativa del gobierno nacional de privatizar los archivos secretos de la causa AMIA. 

Esta es la verdadera intención que anima al Decreto 229/17 que el gobierno defiende con el apoyo de DAIA y AMIA, y que es cuestionado dada su manifiesta inconstitucionalidad por los familiares de las víctimas y hasta por la Unidad Fiscal.

El Decreto se inscribe en el marco más general de la política del gobierno ante el próximo final del juicio oral que se sigue contra Menem, Anzorreguy, Galeano, etc., y en el esfuerzo por terminar con la Procuración y la labor del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos y análisis Documental (GERAD) de la fiscalía. 

Después de 23 años en que el Estado insistió en la necesidad de una investigación judicial del mayor atentado terrorista desde el retorno de la democracia, el gobierno promueve ahora desplazar a los fiscales y al GERAD de su trabajo de investigación y entregar los archivos a una empresa de la CIA y el Mossad. 

Así surge de lo propuesto por Mario Cimadevilla, Secretario de la Unidad de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia, y del convenio firmado entre esa Secretaría y el Ministerio de Modernización. Para ello, el Decreto 229/17 pretende re-apropiarse de los archivos secretos y blanquear compromisos internacionales en vísperas de la próxima visita de Netanyahu al país. Al mismo tiempo, crean un nuevo marco legal para facilitar su plan político y el de negocios. 

Negocian con los jueces para que no declaren la inconstitucionalidad del Decreto que somete a la Unidad Fiscal, termina con el GERAD y hasta con la independencia formal del Poder Judicial. Se busca evitar el acceso y conocimiento público de los archivos aún secretos que documentan el papel del Estado en el atentado terrorista y su encubrimiento y así facilitar la acusación internacional contra Irán. 
El plan de negocios incluye el armado de una consultora para enmascarar la contratación de una empresa de la CIA, la compra de software y entrenamiento, para tercerizar la investigación a un costo millonario en dólares. 

APEMIA denunciará este plan. Exigimos abrir los archivos secretos, derogar el Decreto 229/17 y la renuncia de M. Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

Para conocer los detalles de la denuncia, te invitamos a participar de la Conferencia de Prensa que realizaremos el MIÉRCOLES 6 a las 15:30 Hs. en la SALA 7 del 3º Piso del Anexo del Congreso Nacional.

Comunicado de APEMIA del 04/08/2017

EL JUEZ CANICOBA CORRAL RESOLVIÓ ENTREGAR
LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA AMIA AL PODER EJECUTIVO


Buenos Aires, 04 de agosto de 2017


En el día de ayer, contra la opinión de los familiares de las víctimas y de la Fiscalía, el juez Canicoba Corral resolvió rechazar nuestro planteo de inconstitucionalidad del Decreto 229/17 con fundamentos mezquinos y falaces. Su resolución vuelve a poner en peligro el control y el manejo de las pruebas y material documental aún secreto hasta ahora en manos de los Fiscales.

El juez quiso fundamentar su rechazo en nuestra supuesta disconformidad con el manejo que hace la Fiscalía de esa documentación. Pero ésto no es cierto. Nuestra disconformidad se manifestó contra el Poder Ejecutivo que, por Decreto, pretende retomar el control sobre los archivos desclasificados que hoy son prueba judicial para ponerlos en manos de una de sus dependencias –la Unidad Especial AMIA- integrada por la AFI, las Policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería, y una larga lista de organismos de seguridad cuestionados y/o directamente implicados en las irregularidades y delitos cometidos durante la investigación del atentado a la AMIA. De “auxiliar de la justicia” pasarían a subordinar a Fiscales, dirigir la investigación y controlar el acceso de las querellas a las pruebas. Es lo mismo que poner al zorro a cuidar el gallinero.

Nuestros argumentos son públicos, fueron compartidos por otros grupos de familiares de las víctimas y hasta los Fiscales reconocieron que nos asiste la razón. El juez se escuda en pretextos y falacias con apariencia argumental para hacer pasar un nuevo marco “constitucional” y ceder al Poder Ejecutivo el manejo y el control de las pruebas de la investigación criminal de su juzgado. Los “argumentos” del juez son un taparrabos de su aval y compromiso con las posiciones del Poder Ejecutivo y bien pueden explicarse en acuerdos ilegítimos entre el gobierno y el propio juez que desmienten la demagogia gubernamental contra los jueces de Comodoro Py.

Desde APEMIA apelaremos la resolución de Canicoba Corral ante la Cámara Federal.
Hacemos un llamado muy especial a las organizaciones democráticas, estudiantiles, sociales y políticas para que hagan propio el reclamo de derogación del Decreto 229/2017, impedir que el Poder Ejecutivo retome el control sobre pruebas judiciales y abrir los archivos secretos al dominio público, en la perspectiva de ponerlos a disposición de una Comisión Investigadora.


Último momento - Comunicado del 18/07/2017

Frenamos la entrega de pruebas y archivos secretos de la causa AMIA al Poder Ejecutivo


El martes 18 de julio presentamos un escrito ante el juez de la causa AMIA, el Dr. Canicoba Corral, denunciando que la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Cimadevilla, había establecido que el jueves 20 del corriente iba a tomar por asalto los archivos secretos de la ex SIDE, a sabiendas de que éstos son pruebas en un proceso judicial del cual la UEI ni siquiera es parte.

Pretendían hacerlo amparados en el Decreto 229/17 y con un principio de acuerdo con los Fiscales, en medio de la feria judicial y a pocos días de que la Cámara Federal le ordenara al juez Canicoba Corral volver a considerar una medida cautelar para protegernos de las consecuencias de su aplicación antes de declarar la inconstitucionalidad del Decreto.

Pocas horas después, el Dr. Sebastián Casanello -interinamente a cargo del juzgado- habilitó la feria judicial y ordenó suspender el traspaso de esa documentación ya desclasificada a la UEI, evitando su re-apropiación por el Poder Ejecutivo. La medida regirá hasta tanto el juez decida sobre nuestro pedido después de escuchar a las partes en una futura audiencia.

Consideramos un éxito haber frenado esta provocación. Este primer round en la lucha por el control de los archivos secretos lo ganamos nosotros. Lo ponemos en la perspectiva de abrirlos al conocimiento de toda la sociedad y de constituir una Comisión Investigadora Independiente.

APEMIA


Buenos Aires, 18 de julio de 2017

Canicoba Corral se negó a tomar medidas contra el decreto de Macri

Acuerdo de Impunidad

Buenos Aires, 27 de junio de 2017

En los últimos días, el gobierno nacional ratificó los términos del Decreto 229/17 que ordenó poner en manos de la AFI y la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia (a cargo de Cimadevilla) los archivos desclasificados pero aún secretos de la ex SIDE.

El Decreto pretende desplazar a la Fiscalía del manejo de esa prueba judicial, y Cimadevilla llegó al extremo de cuestionar la eficiencia y el trabajo del GERAD, grupo que tiene a su cargo poner en condiciones, organizar, analizar y digitalizar el material contenido en kilómetros de cajas desorganizadas.

Por efecto del Decreto, desde su publicación en abril está suspendido el acceso de los querellantes de la causa AMIA a nueva documentación.

El Ministro Garavano incumplió el compromiso asumido con los familiares y amigos de las víctimas de gestionar la modificación de los términos del Decreto para evitar esa situación.

En tanto, el juez Canicoba Corral aceptó el nuevo orden “legal” impuesto por el Poder Ejecutivo.

Sin expresar motivo alguno el juez rechazó el pedido que le hicimos desde APEMIA (11/05/17) de “no innovar” y declarar “inconstitucional” el Decreto que permite al Poder Ejecutivo intervenir en una causa judicial en trámite.

El pedido fue acompañado por las querellas de 18J, Memoria Activa y por la Comisión Provincial de la Memoria, co-presidida por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil, en carácter de “amigos del tribunal”. A ellos se sumaron los Fiscales que, después de meses de intentar conciliar posiciones con la AFI y el Ministerio de Justicia, reconocieron con sus propios argumentos la justeza de nuestro reclamo y la evidencia del daño que el Decreto provoca desde su publicación.

Por nuestra parte apelamos ante la Cámara lo resuelto por el juez, conscientes que por primera vez en tantos años enfrentamos judicialmente y de manera conjunta la decisión estratégica del Poder Ejecutivo en la que se juega hasta la posibilidad misma de investigar.

Entendemos que la avanzada del gobierno y el prolongado silencio de los funcionarios judiciales o de la Fiscalía, implican un vaciamiento de la Unidad Fiscal sobre un tema que le compete de manera directa.
Pese a haber realizado un trabajo de relevamiento y digitalización del material secreto durante más de un año, la Fiscalía no inició investigación alguna de la responsabilidad criminal del Estado argentino en el atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento, manteniendo el propósito general de imputar a Irán expresado por distintos gobiernos y la ex SIDE en los últimos 15 años y orientadas por el ex fiscal Nisman para llevar al cierre de la causa AMIA, sin Verdad y sin Justicia.
Mientras busca retomar el control de los archivos desclasificados, el Poder Ejecutivo también llegó a un acuerdo político con los principales partidos del Senado para modificar el Código Penal y simular un juicio en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas contra los iraníes. Se trata de un acuerdo de impunidad, gestado en pleno año electoral para mostrar la buena voluntad del oficialismo y la oposición ante las demandas del lobby de Estados Unidos, Israel y los grupos de presión locales del Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y AMIA.

A su turno, los jueces del Tribunal Oral que dirigen el debate del juicio por el “encubrimiento” y las “irregularidades” cometidas durante la gestión del ex juez Galeano, ratificaron el secreto de todas las declaraciones de los agentes de la SIDE. Protegiendo tanto secreto, ¿cómo pretenden llegar a la verdad?

Exigimos la derogación inmediata del Decreto 229/17, la renuncia del Secretario Cimadevilla y la apertura de los archivos secretos.

Después de 23 años, resulta indispensable la creación de una Comisión Investigadora Independiente para conocer la verdad, impulsar justicia y terminar con la impunidad.

Reunión con el Ministro de Justicia - 11/04/2017

GARAVANO PROMETIÓ MODIFICAR EL 
DECRETO FRENAR LAS AMENAZAS 
DE LA AFI Y CIMADEVILLA

En el día de ayer, APEMIA y la Asociación 18J mantuvimos una reunión con el Ministro Garavano para hacerle conocer nuestra disconformidad y rechazo a la ofensiva que el gobierno de Macri encaró en relación al tema AMIA durante las últimas semanas.

Explicamos que esta ofensiva gubernamental se verificaba en los siguientes puntos:

1º) la presentación gubernamental de un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Senado Nacional, cuyo único objeto es cerrar definitivamente la posibilidad de investigar las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado argentino, y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado dice “desclasificar” pero sigue ocultando.
2º) La posición adoptada por el Ministerio de Justicia, alineada con las defensas de Galeano, Anzorreguy y Beraja en el Juicio Oral por “encubrimiento”, para evitar la declaración del testigo que hizo la denuncia hace 17 años y que dio lugar a este juicio. La posición oficial se hizo pública durante las audiencias del juicio y motivó la renuncia del equipo de abogados que representaba al Ministerio. 
3º) La sanción del decreto 229/2017, cuyo espíritu y disposiciones están puestas al servicio de la re-apropiación por parte de la AFI y la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia dirigida por Cimadevilla (ambas dependencias del Poder Ejecutivo) de los archivos secretos que aún maneja la AFI, vaciando a la fiscalía de sus obligaciones y desplazando al grupo de trabajo de relevamiento documental (GERAD) de sus tareas.
Con este decreto, el gobierno volvió a poner los archivos secretos en manos de la ex SIDE, organismo que formalmente integra la Unidad AMIA (ahora con rango de Secretaría) del Ministerio de Justicia desde su creación en el año 2000.
Estas medidas, impulsadas por la AFI y el Secretario Cimadevilla, fueron tomadas a espaldas y abiertamente en contra de los reclamos de Verdad y Justicia de las agrupaciones de familiares de víctimas del ataque, y están articuladas al servicio de satisfacer las demandas de la Embajada de Israel y sus grupos de presión locales, entre otros la DAIA. 
Con estas consideraciones, APEMIA y la Asociación 18J exigieron la renuncia del Secretario Cimadevilla y la urgente intervención ministerial para evitar que la AFI y la Secretaría AMIA de su ministerio cumplan con las amenazas previstas para la próxima semana de impedir el trabajo de los Fiscales y el equipo de profesionales del GERAD, basados en el Decreto Presidencial. 
El Ministro Garavano comprometió su intervención personal para modificar los términos del Decreto 229/17, aumentar el número de integrantes del grupo de relevamiento GERAD bajo la dirección de los Fiscales, retomar el debate del proyecto de ley para crear una Comisión Investigadora Independiente y volver a reunirnos en las próximas semanas para verificar el estado de situación.

Buenos Aires, 12/04/2017

06/04/2017 - UNA NUEVA Y GRAVE SITUACIÓN

REPUDIAMOS EL DECRETO DE MACRI


En la mañana de hoy el gobierno nacional publicó en el boletín oficial un nuevo decreto relativo a la causa AMIA. 

El decreto 229/2017 dice que viene a dar respuesta a un planteo largamente exigido por APEMIA de “desclasificación de documentación” que permanece secreta a pesar de la docena de decretos que declaman lo mismo desde que Néstor Kirchner puso al ex fiscal Nisman a cargo de la Unidad Fiscal, hace 12 años atrás. 

“Con las firmas de Macri y sus ministros Peña y Garavano, el decreto es un verdadero golpe a la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad criminal que tuvo el propio Estado en la comisión del atentado terrorista y su posterior encubrimiento. No sólo no abre los archivos sino que los vuelve a poner en manos de la AFI, y además, vacía la Unidad Fiscal. Con esto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de APEMIA. 

El nuevo decreto vuelve a poner en manos de una Secretaría del Ministerio de Justicia los archivos de la ex SIDE y somete (“coordina” en el lenguaje oficial) a la Unidad Fiscal a las determinaciones del Poder Ejecutivo. 

Con un solo golpe, el decreto deja en manos del Ministerio de Justicia el control de los archivos secretos y la responsabilidad de una futura investigación, al mismo tiempo que le corta un brazo a la Fiscalía y su equipo, limitando su independencia y alcance real para realizar una investigación y establecer las responsabilidades criminales del Estado nacional y/o de cualquier otro en la comisión del ataque terrorista. Ahora le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a… Arribas y Majdalani.

Una vez más, en nombre del esclarecimiento, el decreto de Macri y Garavano significa un refuerzo en la histórica determinación del Estado por seguir encubriendo. Es una infamia. 

Nos devuelve al año 2000, cuando el gobierno De la Rúa creó la Unidad Especial AMIA en el Ministerio de Justicia, puso a la SIDE y a todos los servicios de seguridad en su dirección –los mismos que hoy están siendo juzgados por los delitos cometidos en la causa AMIA- y se dedicó a ocultar los archivos secretos hasta el día de hoy. 

El decreto y el proyecto de Ley para modificar el Código Penal estableciendo los “juicios en ausencia” cierran una semana de ataques sin precedentes contra la Verdad y Justicia en el tema AMIA, coordinados por el Ejecutivo, con el apoyo del PJ, del partido de Massa y de los integrantes de Cambiemos, al servicio de las exigencias de DAIA, AMIA y el Estado de Israel, contra la expresa oposición de las agrupaciones de familiares de las víctimas. 

APEMIA llevará este punto de vista a la reunión prevista con el Ministro Garavano el próximo martes 11 de abril, con la exigencia de apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una Comisión Investigadora Independiente. A esta reunión concurriremos junto a la Asociación 18J. 

Buenos Aires, 6 de abril de 2017.-


NUEVA DECLARACIÓN CONJUNTA DE APEMIA Y 18J - EL GOBIERNO PROMUEVE LA IMPUNIDAD

Buenos Aires, 2 de abril de 2017

EL GOBIERNO PROMUEVE LA IMPUNIDAD
EN LA CAUSA AMIA

Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, nos dirigimos a la opinión pública para denunciar que en las últimas semanas el gobierno nacional ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad misma de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones.

Una de esas decisiones provocó la renuncia de los apoderados del Ministerio de Justicia ante el Juicio Oral que se realiza desde hace casi 2 años contra Beraja, el ex presidente Menem, Anzorreguy, el ex juez Galeano, entre otros ex funcionarios del Estado argentino.

La renuncia es una acusación al ministro Garavano, quien habría resuelto limitar a la querella del Ministerio para no tener un rol activo contra los imputados. Los abogados salientes advirtieron que al cambiar el criterio que mantuvieron hasta ahora "podría generarse la defensa de intereses opuestos" a los declamados en el juicio que aún se supone contra “el encubrimiento” y que transita sus tramos finales.

En tanto, el gobierno anuncia que firmará un nuevo decreto para abrir los archivos secretos en poder de la AFI que hasta hoy permanecen cerrados, pese a la docena de decretos firmados en el pasado con la misma declaración de intenciones. Consideramos que esta medida es parte de una maniobra para desmantelar la Unidad Fiscal y su Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERAD) que procesa los archivos desde hace poco más de un año, entregando al titular de la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, el control de este proceso.

De concretarse, el Secretario compartiría la documentación secreta con Arribas y Majdalani, también integrantes del Poder Ejecutivo, y los archivos que se habrían abierto como parte de una campaña de prensa, seguirían cerrados en los hechos al conocimiento público y de las partes.

Por último y después de muchos meses de tramitarlo en secreto, el gobierno negocia en el Senado un proyecto de ley de “Juicio en Ausencia” con Pichetto. Lo hace después de conocer el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de reforma del Código Penal y de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas. El único objeto de este engendro es cerrar definitivamente la causa y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado sigue ocultando.

Denunciamos que todas estas medidas apuntan a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado a la AMIA, de su comisión y su encubrimiento, y que el gobierno las adopta para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras, al mismo tiempo que satisface las presiones de la dirección de AMIA, DAIA y del Estado de Israel.

Con estas consideraciones, solicitamos una reunión con carácter de urgente al Ministro Garavano y a la Procuradora General Gils Carbó.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y populares a debatir y pronunciarse:

Contra la impunidad organizada por el Estado

Por el esclarecimiento del atentado a la AMIA

Que se duplique el número de integrantes del GERAD y que continúen centralizados por la fiscalía

Que se abran los archivos secretos
No al Juicio en Ausencia

Por una Comisión Investigadora


OLGA DEGTIAR                          LAURA GINSBERG
p/Asociación 18J                          p/APEMIA